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"Pentágono no descarta uso de la fuerza como respuestas a ataques cibernéticos"

EE.UU. no descarta el uso de la fuerza armada en respuesta a ataques cibernéticos a sus redes informáticas. Así informó el miércoles de esta semana James Miller, primer subsecretario adjunto de Defensa para asuntos políticos en una conferencia sobre temas de seguridad nacional.

A la pregunta de si Washington usaría la fuerza militar en caso de ciberataques graves desde el exterior, Miller repondió: “Sí, tenemos que estar preparados para recurrir a posibles respuestas que no estén límitadas únicamente al espacio cibernético”.

“No creo que vayamos a tener una solución única”, afirmó Miller durante un discurso en la agencia de relaciones públicas Ogilvy Public Relations. Las autoridades simplemente tendrán que evaluar cada situación individualmente porque hay “muchas sombras en este campo”.

Miller y otros funcionarios han advertido repetidas veces de que detrás de los continuos ataques a las redes de cómputo estadounidenses hay a menudo planes muy bien urdidos, supuestos casos de ciberespionaje y posibles incursiones terroristas para hallar información delicada o puntos débiles en el sistema.

Para contrarrestar estos ataques, el Pentágono ha creado un nuevo organismo: el Comando Cibernético, dirigido por el General Keith B. Alexander, que fue hasta hace poco el director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), un servicio de espionaje de los más secretos del país, especializado en espionaje electrónico en todo el mundo a través de satélites e instalaciones de escuchas.

El comando cibernético del Pentágono tendrá su sede principal en Fort Meade, la sede de la NSA, para aprovechar la experiencia de ese organismo en incursiones en las redes enemigas y en la defensa de sistemas militares.

El organismo, que formará parte del Comando Estratégico de EE.UU en Nebraska, estará plenamente operativo en octubre.

Fuente: Russia Today

"Vacuna AH1N1: El remedio puede ser peor que la enfermedad"

Los médicos críticos de la vacuna AH1N1, denuncian que el timerosal, escualeno y polisorbato 80, presentes en las inyecciones aprobadas por el ISP en Chile, son peligrosos. Varios doctores de la Sociedad Chilena de Infectología -que asesoran al Minsal-, se niegan a reconocer dos cosas: Los perjuicios de la vacuna y los conflictos de intereses que tienen con en el tema, evidenciado el vínculo contractual con algunos de los laboratorios que la fabrican.

La campaña de vacunación contra la influenza humana (AH1N1) es un gran fracaso para el Ministerio de Salud (Minsal). El Ministro de la cartera, Jaime Mañalich, defiende la inoculación sólo en algunos medios de comunicación, mientras su subsecretaria, Liliana Jadue, aparece en cuanta entrevista puede, intentando convencer a la población de que la vacuna no es peligrosa, y que los laboratorios proveedores del medicamento se rigen por estándares seguros.

Así también, los médicos de la Sociedad Chilena de Infectología (Sochinf), que forman parte del Comité Asesor del Ministerio para la influenza AH1N1, ratifican que no hay riesgo en el uso de la vacuna, a pesar de la crítica de numerosos científicos al timerosal, escualeno y polisorbato 80. Más aún, debido al vínculo laboral de varios de los médicos de dicha sociedad con los laboratorios que expenden la vacuna en nuestro país, enfrentarían un conflicto de intereses.

En Chile, las vacunadas llegarían a un millón 500 mil personas, según el Minsal. El número sorprende, ya que hasta el 22 de abril sólo se registraron 600 mil en todo el país, razón por la cual se habría ampliado el plazo por el mes de mayo, para llegar a cuatro millones.

Además, en la campaña hay contradicciones respecto al público objetivo. Si bien en febrero se informó que no se vacunaría a los adultos mayores, porque según el Ministerio “no era parte de los grupos de riesgo”, en marzo se incorporó este segmento sin entrar en explicaciones.

Las declaraciones de la subsecretaria no convencen. Para ella, debe ser revisada la forma de llamar a la población a concurrir a los centros asistenciales. “Esta es una campaña que tuvo un diseño secuencial, para redistribuir la carga sobre los centros de atención y, probablemente, no fue la mejor”, enfatizó Jadue.

RIESGOS DE LA VACUNACIÓN

Pero el traspié no se debe solamente a la fallida estrategia, sino a la polémica desatada por la organización de ciudadanos, y por la iniciativa de Andrea Santander, ´Detengan la vacuna`, quien se manifestó en contra por los agentes tóxicos (timerosal, escualeno y polisorbato 80) presentes en el producto, y la falta de información acerca de sus daños.

“Al igual que cuando uno compra un producto, se debe informar sobre sus características, lo que aquí no ocurre. Pero aquí es más delicado, porque se trata de la vida y la salud de las personas”, reclamó Santander.

Sin embargo, la doctora Katia Abarca, infectóloga pediátrica de la Universidad Católica (UC) asegura que la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) solicitó un estudio al Instituto de Medicina de Estados Unidos (IOM), que “demostró que no existía ninguna evidencia científica de que el timerosal produjera daño neurológico en los niños”, por lo tanto no estaría vinculado con el autismo, como se ha señalado. Además, sostuvo que “no hay evidencia científica respecto a que el escualeno sea riesgoso para las personas”.

Para la doctora, las críticas al escualeno serían parte del “mito urbano, que nació de un análisis parcial, hecho por aficionados, administrado a soldados americanos en la Guerra del Golfo (1991) que habría tenido efectos secundarios”.

Sin embargo, los médicos estadounidenses Mark R. Geier y David A. Geier -quienes aparecen citados como fuentes válidas en los estudios de la Sochinf, a la cual pertenece la doctora Abarca-, sostienen que el timerosal causa problemas en la gestación y neuronales.

Además, los médicos Luis Maya y Flora Luna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm), de Perú, señalan que genera problemas en el neurodesarrollo infantil, vinculándolo estrechamente al autismo.

Según la doctora Viera Scheibner –ex investigadora del gobierno de Australia y experta en políticas de vacunación-, el escualeno, componente que sirve para incrementar la respuesta inmunitaria en las vacuna AH1N1, pero que no fue aprobado por la FDA, provoca el Síndrome de la Guerra del Golfo (SGG), es decir, artritis, fibromialgia, linfoadenopatías, entre otras reacciones alérgicas y cerebrales.

Más aún, el polisorbato 80, provoca reacciones anafilácticas (potencialmente fatales), como lo señala el propio laboratorio Novartis en el folleto de contraindicaciones que entregó al Instituto de Salud Pública (ISP) en febrero de 2010, (inciso 4.3).

EL TIMEROSAL ES TÓXICO

Hasta hoy, la versión oficial de que el timerosal no es peligroso es defendida empeñosamente por la Sochinf, principalmente por los profesionales Katia Abarca, Miguel O’Ryan y Alma Muñoz; quienes han abogado públicamente en favor de esta vacuna.

El trabajo aparecido en la revista de la Sochinf en 2007, “Seguridad de las vacunas que contienen Timerosal”, concluye que “no existe evidencia de efectos adversos en lactantes o niños por exposición al timerosal contenido en vacunas rutinarias y, por lo tanto, no habría razón para modificar las prácticas de inmunización en Chile”.

Sin embargo, sobre este estudio no existe consenso médico. Hay médicos que señalan la alta toxicidad del timerosal. Entre ellos el doctor Luis Maya, de la Facultad de Medicina de la Unmsm, de Lima, Perú, la más prestigiosa de ese país en salud; quien además tuvo un intercambio de impresiones sobre el tema con la doctora Muñoz, firmante del texto que defiende el preservante.

Maya se refiere a la nocividad del componente, luego de publicar dos estudios: “El timersosal en las enfermedades del neurodesarrollo infantil” y “Efectos neurotóxicos del timerosal, a dosis de vacuna, sobre el encéfalo y el desarrollo en hámsteres de 7 días de nacidos”, publicados en la revista Anales de la Facultad de Medicina, la más importante publicación médica del Perú, órgano oficial de la Unmsm, facultad considerada la más antigua de Latinoamérica.

Según el investigador, el texto publicado por la Sochinf sobre el timerosal, más que un trabajo de revisión, cumple los criterios de un artículo de opinión. “Manifesté a la autora principal que su publicación no había incluido ningún estudio de investigación de tipo biológico: En animales, de laboratorio, con células vivas, toxicológicos; más aún, no incluye trabajos epidemiológicos diversos que sí habían encontrado asociación causal entre la exposición al timerosal y enfermedades en los niños”.

Respecto a la supuesta inocuidad del compuesto, el académico peruano agrega que son reveladores los resultados de la investigación reciente de los doctores Mark R. Geier y David A. Geier, “La muerte en las células neuronales y fetal inducida por bajo nivel de exposición a los compuestos de metal, timerosal y otros”, que comprueba que sí existe evidencia de los daños, específicamente, efectos en la administración de etilmercurio (timerosal) sobre neuronas y células fetales humanas.

El especialista asegura que los resultados de este trabajo son reveladores. “El etilmercurio resultó ser la sustancia más tóxica entre todas las estudiadas (incluso a concentraciones casi un millón de veces menores que el plomo), afectando principalmente a las células fetales y produciendo gravísimos daños sobre los cultivos de neuronas humanas”, sentenció el doctor Maya.

Maya enfatiza que muchas de las conclusiones del grupo de la Sochinf sobre el timerosal estaban basadas en opiniones de organizaciones que, si bien son respetables, en un trabajo de investigación científico no tienen solidez en la evidencia, pues están basadas sólo en opiniones corporativas.

Asegura que hizo saber, además, a la doctora Alma Muñoz, que esas organizaciones tienen conflictos de intereses en el tema de las vacunas. “Tal es el caso de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), que a través de su filial, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), vende las vacunas a muchos países del mundo, incluidos de Latinoamérica, varias de las cuales contienen aún timerosal”, ratifica el investigador peruano.

CONFLICTO DE INTERESES

En este escenario, donde la vacuna viene prácticamente impuesta como una política global de la OMS y bajo una fuerte presión de las grandes empresas de medicamentos; en el Minsal, niegan los posibles daños que provoca la inyección, avalados por un grupo asesor, conformado principalmente por médicos de la Sochinf, que han trabajado por años para reconocidos laboratorios internacionales que producen el medicamento.

La doctora de la UC, Katia Abarca, quien también es miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones (CCI) de la Sochinf, señala en los medios de comunicación que “podríamos estar con un brote del virus muy fuerte” y llama a vacunarse: “La oportunidad es única, porque el año pasado no teníamos vacuna”, alerta.

La especialista, en septiembre de 2009, realizó un test de la vacuna AH1N1 para el laboratorio Novartis, en niños y jóvenes, la única prueba en el continente del producto, “incluyó a alrededor de 50 niños de entre 6 meses y 18 años, a quienes se aplicó la vacuna y se les realiza un seguimiento y exámenes para constatar la respuesta inmunológica y la seguridad de la vacuna”, afirmó Abarca.

Asimismo, en octubre del mismo año, aparece conformando el Comité Ético-Científico de expertos del Minsal para la influenza AH1N1, según lo confirma una serie de informes de prensa y el documento “Nueva influenza en el sur de Chile”, de la Universidad Austral, evidenciando su doble rol como experta: En lo privado trabajando para Novartis, y en lo público con el Ministerio.

A pesar de estos antecedentes, la doctora Abarca lo niega: “No soy, ni he sido asesora del Minsal respecto de esta vacuna, por lo tanto no existe ningún conflicto en ese sentido. La relación con Novartis, con la vacuna influenza, ha sido la de ejecutar, actuando como investigadora, un estudio clínico a través de un convenio con la UC, aprobado por el respectivo comité de ética y cumpliendo todas las regulaciones nacionales e institucionales”, señala la experta.

Sin embargo, el conflicto de intereses se evidencia cuando la doctora reconoce que recibe honorarios del laboratorio por intermedio de la Universidad Católica. “Los estudios clínicos que solicita la industria a académicos, son efectuados en el marco de un contrato entre el laboratorio y la Universidad. El contrato se firma sólo después que las autoridades lo han autorizado y el comité de ética lo ha revisado y aprobado. Luego, los investigadores, médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos que participan de los estudios, reciben un pago de parte de la Facultad de Medicina”, explica Katia Abarca.

El problema ético no sería tal si en su calidad de funcionaria de la Universidad trabajara sólo para el laboratorio -lo que le daría independencia frente al tema- sino en sí asesora al Minsal, como se dijo antes. Pero la doctora Abarca argumenta que “si no son los médicos de los centros universitarios y los expertos de mayor experiencia en el país quienes lideran las investigaciones que permiten constatar la bioseguridad farmacológica de un producto de uso masivo ¿Quién entonces?”.

Inclusive, la vacuna testeada por la doctora Abarca, del laboratorio Novartis, fue una de las dos opciones -junto al laboratorio Sanofi Pasteur-, para adjudicarse la venta de la vacuna para Chile y Latinoamérica, según informó José Peña, asesor regional de medicamentos y vacunas para la OPS.

La experta, además, realizó una investigación para Sanofi Pasteur de las vacunas Avaxim y Harvix 720, empresa fabricante de la vacuna que actualmente se aplica en Chile en la red pública de salud. Participó en estudios clínicos distintos de la vacuna Virus del Papiloma Humano (VPH) que se encuentra en el mercado chileno. Ha asistido a congresos o reuniones científicas con el auspicio del Laboratorio Glaxo Smith Klein (GSK), que fabrica y vende la vacuna, y Merck Sharp and Dome (MSD), por los que recibió honorarios de ambos laboratorios como conferencista y por consultoría de expertos.

Otros dos miembros de la Sochinf están en la misma posición de la doctora Katia Abarca. La doctora Alma Muñoz, quién además pertenece al Comité Consultivo de Inmunizaciones (CCI), recibió financiamiento del Laboratorio GSK para estudios distintos a las vacunas contra el VPH y asistió a reuniones científicas con el auspicio del mismo laboratorio.

En tanto, el doctor Miguel O’Ryan, obtuvo financiamiento de GSK por coordinar estudios clínicos de una vacuna distinta a la vacuna del VPH. Además, percibió honorarios de este laboratorio como conferencista. Y se desempeña como director (chairman) de un grupo técnico consultor del laboratorio MSD, también para una vacuna diferente a la del papiloma humano.

El doctor O’Ryan ha participado, adicionalmente, en investigaciones y en la promoción de la vacuna contra el rotavirus en Chile. Actualmente es parte del comité asesor del Ministerio para la vacuna AH1N1.

Es decir, los tres asesores están vinculados con el laboratorio GSK, que se beneficia de la venta de la vacuna. Si ellos tienen conflicto de intereses, según lo señala también la “Declaración de la Sociedad Chilena de Infectología”, en septiembre de 2008, debieron advertir esa condición en el Minsal e inhabilitarse como certificadores públicos de la vacuna.

Estos profesionales de la salud, al verse en connivencia con los laboratorios Novartis, GSK, MSD e incluso Sanofi Pasteur; como asesores del Minsal, y en su posición de voceros ante los medios de comunicación para defender el uso de la vacuna AH1N1 en Chile, no pueden eludir el conflicto de intereses.

Si bien el conflicto de intereses no es una condición tipificada legalmente, el código penal habla de sanciones en caso de que alguno de estos médicos obre en calidad de funcionario público que “por razón de su cargo diere interés a terceros asociados con él o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que dichos terceros o esas personas tengan interés social(…)”. En este caso, los médicos funjen como asesores del Estado.

En este caso, respondería a un conflicto ético de probidad. Así lo cree el doctor Guido Girardi, padre del senador PPD, para quien “hay conflictos éticos y de intereses entre ambos. El laboratorio ofrece simposios, seminarios, una vueltecita(sic) por Europa. Como se dice ´la carne es débil` y aquí se nota. Nuestro país ha cambiado hacia abajo la escala de valores y eso hace más difícil dar la pelea, porque lo único que importa es el dinero”.

Respecto a la relación de los médicos con los laboratorios y sus apariciones públicas defendiendo los productos de estas grandes empresas y la política del Minsal; el doctor peruano Luis Maya enfatiza que “flagrantemente es un conflicto de intereses y que, por lo menos, debería tenerse en cuenta y ser manifestado abiertamente antes de ofrecer cualquier declaración, tanto escrita como verbal por parte de dichos investigadores”.

En Estados Unidos, por ejemplo, existen disposiciones legales que obligan a los médicos a reportar ante sus autoridades la cantidad y la naturaleza de todos sus ingresos. Incluidos los procedentes de los laboratorios farmacéuticos, sean en dinero, viajes, actividades académicas y de recreación.

“Debo confesarle que he llegado a la conclusión que la medicina moderna actualmente ha traicionado su esencia, ha perdido sus objetivos, está paralizada en un mar de conflictos de intereses, sobretodo económicos, pero también políticos”, comenta el doctor Maya.

De esta manera, la campaña de la vacuna AH1N1 aparece como eminentemente comercial, con manejo político, y el Gobierno es el principal promotor. Al respecto, el médico Fernán Díaz, de la UC, es enfático en sostener que “los gobiernos son gobernados por las empresas farmacéuticas, por lo tanto, están obligados, primero, a realizar la campaña mediática; segundo, a comprar las vacunas, y tercero, a ofrecerlas en el mercado”.

En este escenario, los laboratorios multinacionales ejercen un poder como entidades económicas que influyen sobre el sector político y médico en muchos países y Chile no es la excepción. También es así en Estados Unidos, Europa y en Latinoamérica -países en convenio con la OMS-.

Hay una presión de los intereses económicos enorme, y el el precio que se paga es el riesgo a la salud de la población, que no cuenta con la información.

CONTROVERSIA MÉDICA

El doctor Enrique Paris, experto en toxicología de la Universidad Católica, corrobora la versión de los médicos de la Sociedad Chilena de Infectología (Sochinf) sobre la seguridad del timerosal. Inclusive afirma -molesto-, que hay “una campaña irresponsable, por Internet, llamando a no vacunarse. Incluso médicos me han llamado dudando de la vacuna”.

El doctor Guido Girardi, quien sale a rebatir, en primer lugar, la posición del doctor Paris: “Es un buen médico en toxicología, ese es su campo, pero en la vacuna no sé qué tan experto es. Creo que se ha salido de su especialidad”.

Sobre las virtudes de la vacuna, Girardi señala que “es una vacuna hecha a la carrera, en sólo seis meses y no se probó lo suficiente en Chile. ¿Por qué se usó sola y no junto a la estacional? Se suponía que la “porcina”, al ser un virus nuevo, iba a dañar mucho más y no fue así”, sostiene.

Lo que estaría sucediendo -según Fernán Díaz, médico de la UC-, es que en el mundo se está proponiendo vacunar a la población contra una enfermedad que no es grave. Se sabe “que la influenza es una enfermedad benigna y la comunidad médica sabe también -ante las evidencias-, que esta influenza tuvo un buen comportamiento, pues no produjo la cantidad de muertes que esperaban”.

Es preciso señalar que las personas que fallecieron presentaban antecedentes de enfermedades crónicas graves, en cuyo caso siempre es recomendable “evitar la influenza como cualquier otra enfermedad aguda, pero esta no es una patología relevante y es fácilmente tratable”, asegura el doctor Díaz.
Según Díaz, la vacuna no produce inmunidad contra un virus cuya cepa es nueva y mutante: “Si es mutante ¿se justifica una vacuna que asegura frenarla? Pues nunca se ha podido erradicar la influenza”, sostiene el especialista.

RECURSO DE PROTECCIÓN

Debido a los antecedentes, pero en el caso de la vacuna del Laboratorio Sanofi Pasteur que reparte el Minsal, el 9 de abril pasado, la abogada Margarita Barbería, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Minsal y en favor de Andrea Salazar Gutiérrez -una mujer embarazada-, por vulneración de derechos fundamentales.

“La campaña del Ministerio atenta contra el derecho a: La información; la vida del que está por nacer; la propiedad, y vulnera las garantías que da la Constitución de que estos derechos no serán vulnerados”, afirmó Barbería.

La iniciativa legal señaló que falta información al público sobre las consecuencias de la vacuna y datos que certifiquen su aplicación en mujeres en germinación. Sobre el producto que el Minsal pone en la red pública, Barbería señala que “no se debería aplicar la vacuna en embarazadas porque no hay estudios que acrediten que no es dañina para el feto”.

Sin embargo, el Instituto de Salud Pública (ISP) certificó el uso de la vacuna en mujeres embarazadas a pesar de las advertencias que aparecen en el Folleto de Información al Profesional, del Laboratorio Sanofi Pasteur, inciso 8.1., recibido por el ISP el 25 de febrero de 2010, que dice: “Se desconoce si esta vacuna puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas o afectar la capacidad de reproducción”.

La vacuna, de acuerdo al informativo, se asocia al Síndrome de Guillain Barré, que es una parálisis muscular progresiva; e informa de trastornos en la sangre, sistema linfático, inmune, nervioso, vascular, respiratorio, piel y tejido subcutáneo; y otros problemas menores como fiebre, fatiga, dolor en las extremidades y toráxico.

Por su parte, la subsecretaria Lilian Jadue, ratificó que la vacuna no es peligrosa, y evidenció desconocer sus contraindicaciones. “Encontramos segura la vacuna, esa es la base de la decisión para su uso, y no tiene contraindicaciones, excepto la alergia grave al huevo”, ignorando la información del laboratorio Sanofi Pasteur.

El Ministerio no consideró garantías ante las eventuales reacciones negativas de esta inyección. “Compramos la vacuna a Sanofi Pasteur y no firmamos ningún compromiso de deslinde de responsabilidades”, ratificó Jadue.

DEMANDA AL ESTADO

La polémica sobre el tema de las vacunas se incrementó con la demanda contra el Minsal, ISP y el Fisco por los daños causados al menor S.E.R.O., por las vacunas que pone el Estado -que tienen timerosal (mercurio), al igual que la AH1N1. La iniciativa legal está patrocinada por las abogadas Isabel Encina y Linda Troncoso, representando a Sandra Ormazábal y César Ruiz, padres del niño.

La abogada Encina afirmó que el menor recibió las vacunas que promueve el Estado que, al menos hasta el año 2007, “tienen dosis de 50 microgramos de mercurio, cuando lo normal serían 2,44 mcg. a la edad del menor, según lo que permiten organismos internacionales como la OMS”.

La demanda explica que el menor, al año ocho meses, dejó de comunicarse. “Parecía un niño autista, los exámenes que se le hicieron en Francia reportaron sobredosis de mercurio en el organismo, que era incapaz de eliminar”, sentenció la abogada de la familia.

Sandra Ormazábal, madre del niño, señala que en el país galo realizaron un examen especializado (porfiriurica), para detectar la presencia de metales pesados. Ahí notaron un índice elevado de precoproporfirina, lo que es una característica específica de intoxicación por Mercurio (Hg).

“No es casual que nuestro hijo, después de recibir esta vacuna (DTP) al año ocho meses (junto a la polio), cayera en un letargo que se fue incrementando día a día, hasta que al cumplir los dos años ya no era capaz de pronunciar palabra alguna. Incluso, el sonido del aparato telefónico no lo inmutaba”, comentó Ormazábal.

Los padres se lamentan porque no sabían que su severo trastorno de lenguaje, problemas de aprendizaje; de procesos cognitivos; sociales; de integración, pobre apetito y dieta muy restringida, náuseas, dolor abdominal, etcétera, provenían de la intoxicación con mercurio presente en el timerosal.

Por Francisco Luna S. y Claudia Molina B.

Fuente: El Ciudadano