El magistrado admite a trámite la querella presentada contra colaboradores de George W. Bush.
El juez Baltasar Garzón se ha decidido finalmente a activar la causa de Guantánamo ante el silencio de Estados Unidos, que no ha contestado las comisiones rogatorias del magistrado sobre si está investigando las torturas cometidas en el penal.
Garzón ya ha citado a declarar para el próximo 15 de febrero a dos ex reclusos que denunciaron torturas y ha aceptado a trámite las querellas presentadas contra miembros del Gabinete de George W. Bush entre otros, Donald Rumfseld y Condoleezza Rice y del equipo jurídico que construyó el andamiaje legal que llevó a Guantánamo.
"Ahora, y ante la falta de colaboración de las autoridades competentes, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica, que no han contestado al requerimiento de información hecho en mayo de 2009, ni tampoco han contestado al recordatorio, procede activar el curso de la causa mediante la práctica de las diligencias que sean pertinentes", escribe Garzón en un auto fechado el pasado 27 de enero.
Plazo incumplido
La presentación de la querella inicial en España, en marzo de 2009, provocó una gran expectación en EEUU y una campaña muy virulenta de la derecha mediática, liderada por Fox News y The Wall Street Journal, propiedad de Rupert Murdoch y de cuyo consejo forma parte el ex presidente español José María Aznar, uno de los más firmes aliados que tuvo Bush en su "lucha contra el terrorismo". Tras meses de incertidumbre, el caso se reactiva justo cuando Obama ha incumplido el plazo que él mismo dio para cerrar el penal y cuando España está a la espera de recibir presos de Guantánamo, que, de llegar, podrían ser llamados a declarar en la causa.
Los dos ex presos de Guantánamo ya citados el día 15 residen en España y fueron absueltos por el Tribunal Supremo en 2006 del proceso por terrorismo. Se trata de Ahmed Abderraman Ahmed ciudadano español y Lachen Ikassrien, marroquí, "que ha quedado tras su absolución en una situación de desamparo y ahora con imposibilidad de salir del mismo [territorio español], por lo que debe asimilarse a la calificación de víctima española, de hecho".
Pero al mismo tiempo que cita la conexión española y el silencio de EEUU ambos elementos son preceptivos para reclamar la jurisdicción tras la reciente reforma legal en España, Garzón insiste igualmente en que el caso "se incardina claramente en el ámbito de aplicación del denominado principio de justicia penal universal".
El magistrado subraya al respecto que se trata de "presuntos delitos de tortura y malos tratos ejecutados en forma sistemática, y preordenados a un fin, cual es el de quebrantar la voluntad de la víctima a la vez que privarla de los más elementales derechos mediante técnicas proscritas en la legislación nacional einternacional".
El auto, que "ratifica la competencia de la jurisdicción española en esta causa", admite a trámite las querellas presentadas por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, así como las de la Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida y Asociación Pro Derechos Humanos, a los que pide una fianza de 1.000 euros.
Fuente: Público.es
El juez Baltasar Garzón se ha decidido finalmente a activar la causa de Guantánamo ante el silencio de Estados Unidos, que no ha contestado las comisiones rogatorias del magistrado sobre si está investigando las torturas cometidas en el penal.
Garzón ya ha citado a declarar para el próximo 15 de febrero a dos ex reclusos que denunciaron torturas y ha aceptado a trámite las querellas presentadas contra miembros del Gabinete de George W. Bush entre otros, Donald Rumfseld y Condoleezza Rice y del equipo jurídico que construyó el andamiaje legal que llevó a Guantánamo.
"Ahora, y ante la falta de colaboración de las autoridades competentes, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica, que no han contestado al requerimiento de información hecho en mayo de 2009, ni tampoco han contestado al recordatorio, procede activar el curso de la causa mediante la práctica de las diligencias que sean pertinentes", escribe Garzón en un auto fechado el pasado 27 de enero.
Plazo incumplido
La presentación de la querella inicial en España, en marzo de 2009, provocó una gran expectación en EEUU y una campaña muy virulenta de la derecha mediática, liderada por Fox News y The Wall Street Journal, propiedad de Rupert Murdoch y de cuyo consejo forma parte el ex presidente español José María Aznar, uno de los más firmes aliados que tuvo Bush en su "lucha contra el terrorismo". Tras meses de incertidumbre, el caso se reactiva justo cuando Obama ha incumplido el plazo que él mismo dio para cerrar el penal y cuando España está a la espera de recibir presos de Guantánamo, que, de llegar, podrían ser llamados a declarar en la causa.
Los dos ex presos de Guantánamo ya citados el día 15 residen en España y fueron absueltos por el Tribunal Supremo en 2006 del proceso por terrorismo. Se trata de Ahmed Abderraman Ahmed ciudadano español y Lachen Ikassrien, marroquí, "que ha quedado tras su absolución en una situación de desamparo y ahora con imposibilidad de salir del mismo [territorio español], por lo que debe asimilarse a la calificación de víctima española, de hecho".
Pero al mismo tiempo que cita la conexión española y el silencio de EEUU ambos elementos son preceptivos para reclamar la jurisdicción tras la reciente reforma legal en España, Garzón insiste igualmente en que el caso "se incardina claramente en el ámbito de aplicación del denominado principio de justicia penal universal".
El magistrado subraya al respecto que se trata de "presuntos delitos de tortura y malos tratos ejecutados en forma sistemática, y preordenados a un fin, cual es el de quebrantar la voluntad de la víctima a la vez que privarla de los más elementales derechos mediante técnicas proscritas en la legislación nacional einternacional".
El auto, que "ratifica la competencia de la jurisdicción española en esta causa", admite a trámite las querellas presentadas por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, así como las de la Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida y Asociación Pro Derechos Humanos, a los que pide una fianza de 1.000 euros.
Fuente: Público.es
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