sábado, 9 de enero de 2010

"Farmacéuticas habrían presionado a OMS para aumentar ganancias por gripe A"


Pareciera teoría de la conspiración: Grandes multinacionales se sirven de la mentira y del miedo para obtener beneficios. La Unión Europea aprueba una investigación de posibles presiones de grandes farmacéuticas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para disparar una alarma mundial ante la gripe A que les llenó los bolsillos.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirma: “con el fin de promover sus patentes médicas y sus vacunas contra la gripe, compañías farmacéuticas presionaron a científicos y a agencias oficiales de la salud para que alarmaran a gobiernos del mundo entero y provocaran el despilfarro de los escasos recursos públicos en campañas de vacunación ineficientes que exponen a millones de personas saludables a innumerables riesgos de efectos secundarios por fármacos insuficientemente probados”.

Las recomendaciones de la directora general de la OMS al gobierno mexicano confirman la postura de la Unión Europea. Margaret Chan le pedía al gobierno de Felipe Calderón que no bajara la guardia, incluso si los pronósticos de rebrote de gripe A no se han cumplido en invierno.

Cuando llegó la gripe aviar hace cinco años, personas que ingirieron Tamiflu mostraron síntomas de confusión, de paranoia y de alucinaciones, además de ciertas tendencias suicidas, según informes sanitarios. Pero las campañas de salud por las gripes aviar y porcina no sólo parecen dañar la salud de las personas, sino la credibilidad de sistemas sanitarios gubernamentales y del sistema internacional encargado de promover “un estado general de bienestar”, como la misma OMS define la salud. En plena crisis financiera que ha llevado a la pobreza extrema a miles de millones de personas, gobiernos como el español o el mexicano han gastado miles de millones de euros. De un modo no muy casual, gobiernos como el francés intentaban hace unos días vender sus excedentes de la vacuna a gobiernos como el mexicano.

En Estados Unidos, la posible financiación de medicamentos con el dinero de los contribuyentes ha provocado la indignación de activistas y de defensores de un modelo sanitario que no tiene el beneficio económico como primero y único objetivo. Además de gastar millones de dólares para bloquear la distribución de genéricos en países empobrecidos, empresas como Gilead Sciences aprovechan las “pandemias” para ampliar sus cuotas de mercado, con campañas de marketing como la que la Unión Europea destapa estos días.

En algunas “grandes democracias”, la desaparición de la frontera entre lo privado y lo público facilita la manipulación y los abusos. Diputados, secretarios de defensa o ex presidentes aprovechan sus contactos y sus cargos, y juegan con información privilegiada para obtener beneficios, valor supremo del sistema neoliberal. La industria farmacéutica se ha beneficiado de esos contactos en Estados Unidos.

La presión del ex ministro de Defensa en Estados Unidos fue crucial para que productos de biotecnología y farmacia ideados para escenarios de catástrofe obtuvieran fondos públicos. Donald Rumsfeld se negó a vender sus acciones por más de 10 millones de dólares en Gilead Sciences, dueño de la patente de Tamiflu, cuando ocupó el cargo. Argumentaba que las epidemias son cuestión de “seguridad nacional” y que esa actividad empresarial era compatible con el puesto de secretario de defensa.

Para que los márgenes de beneficio de fármacos como el Tamiflu o las vacunas contra la Gripe A se disparen de forma exponencial, tiene que existir lo que el sociólogo alemán Ulrick Beck denomina la sociedad de riesgo. Es decir, un estado generalizado de pánico que los Gobiernos sólo pueden paliar con grandes reservas de los fármacos para cuando se dispare la próxima pandemia y con medidas que tienen impacto en los medios de comunicación: cierre de colegios, poblaciones enteras con mascarillas, limpiezas masivas de los sistemas de metro y transporte público.

Algunos internacionalistas se quejan del debilitamiento de la ONU y de las agencias que dependen de ella. Este descrédito quedaría justificado si se confirmaran las presiones y las relaciones estrechas entre empresas multinacionales y funcionarios de la OMS. Naciones Unidas arriesgaría su fuerza, su prestigio y su presupuesto para favorecer los intereses de grandes multinacionales que no sólo obtienen grandes beneficios de los abusos que cometen, sino que contribuyen también al debilitamiento de los Estados, la base de Naciones Unidas. Un mundo sin un sistema internacional de consensos resultaría más alarmante que cualquier pandemia.

Por Carlos Miguélez Monroy

Fuente: El Ciudadano

2 comentarios:

  1. La Subcomisión de Salud del Consejo de Europa, presidida por el doctor Wolfgang Wodarg, ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución contraria a la vacunación masiva de la gripe A/H1N1, en la cual denuncia haberse "expuesto innecesariamente a millones de personas sanas al riesgo de vacunas con ensayos insuficientes y efectos secundarios desconocidos", e insta la creación inmediata de una comisión de encuesta.

    Los Estados Parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional, expresaron su voluntad inequívoca de combatir la impunidad de los crímenes más graves y prevenirlos, inclusive el de lesa humanidad por comisión múltiple, generalizada y sistemática de actos que atenten gravemente a la integridad física o la salud de una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización, o para promover esa política, y con conocimiento de dichos actos. Es deber de todo Estado ejercer la jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales, recuerda el Estatuto.

    En Francia, el escándalo de la vacunación antigripe ha llevado a ciudadanos y entidades a requerir judicialmente a la Ministra de Sanidad Roselyne Bachelot ponerle término, al tiempo que presentan cargos por los delitos de intento de administración de substancias perjudiciales para la salud capaces de producir la muerte, y mantener en peligro a la persona. No otras razones aconsejan que Trinidad Jiménez García-Herrera —cabeza del Consejo sectorial de la Unión durante la presidencia española—, finalice la campaña vacunal en curso, asuma la responsabilidad política y, por el bien de todos, dimita.

    Investigar aquellos hechos prima facie constitutivos de delito en que aparezca implicada la Ministra, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, máxima instancia penal entre cuyos ilustres Magistrados se contó su padre, José Jiménez Villarejo. Por contra, si el Reino de España no estuviera dispuesto a actuar, entraría en juego la competencia de la Corte Penal Internacional.

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