"Gobierno de Piñera transgrede Convenio 169 en evaluación de HidroAysén y Energía Austral"

Denuncian que se están implementando leyes que “vulneran nuestros derechos ancestrales y consuetudinarios de usar la tierra, los mares, los ríos, la flora y la fauna para nuestra supervivencia en armonía” y que no se ha consultado ni considerado la opinión de las comunidades en la tramitación de estas iniciativas, algo a lo que obliga expresamente en su artículo sexto el tratado internacional.

Doce asociaciones indígenas de toda la Región de Aysén expresaron públicamente su “completo repudio a los proyectos que vestidos con piel de oveja, disfrazados con legalidad, pretenden destruir nuestra Región de Aysén inundando la tierra, contaminando los mares y despojándonos del agua que es vida de todo lo viviente”. Reunidas en la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Aysén, unos 40 representantes de las agrupaciones, reconocidas todas por la Ley Indígena 19.253, se reunieron los días 4 y 5 de diciembre en Puerto Aysén.

En una declaración pública emitida hace algunos días señalan que “repudiamos la acción de los legisladores y los gobernantes que sistemáticamente se han esforzado por hacer leyes que vulneran nuestros derechos ancestrales y consuetudinarios de usar la tierra, los mares, los ríos, la flora y la fauna para nuestra supervivencia en armonía, como por ejemplo, la privatización del mar, la privatización del agua y la venta de la tierra a los extranjeros, despojando a nuestra gente de su sustento económico y sus raíces culturales como pescadores artesanales, recolectores y agroganadero”. Agregan que “el pueblo wuilliche de nuestra región manifiesta públicamente su malestar en contra del Gobierno ya que está pasando a llevar el Convenio 169, al permitir la destrucción y depredación del medio ambiente en pos de intereses mezquinos que sólo benefician a unos pocos, muchos de ellos ni siquiera chilenos”.

Daniel Caniullán, miembro de la Comunidad Indígena Pu Wapi de Caleta Melinka y parte de la directiva de la coordinadora, expresó que “lo que ahí manifestamos es un resumen de los hechos que vienen afectando a nuestro pueblo a nivel regional, sobre la base de las normas que el Gobierno está implementando y que desconocen el Convenio 169, que no lo ha aplicado como se estipuló”.

Ejemplificó esto con la implementación de la legislación aprobada este año que busca generar una nueva institucionalidad para la salmonicultura, sobre la cual no se les ha dado espacio para expresar su opinión, en circunstancias de que implica una intervención concreta del borde costero. “Según los artículos dos y seis del Convenio 169 los pueblos originarios deben ser consultados, cosa que hasta la fecha no se ha hecho. Y es más, en nuestra región el mar se está entregando sin considerar nuestro punto de vista” puntualizó.

Con relación a las represas indicó que “se está avanzando en estos proyectos a espaldas de los pueblos originarios, porque no tienen un respaldo hasta la fecha de los pueblos originarios a nivel regional. Ante esto nosotros también manifestamos nuestro malestar”.

Caniullán concluyó señalando que “así tenemos una infinidad de demandas, problemas, propuestas que hemos hecho al Gobierno, a la intendenta Pilar Cuevas y a la gobernadora (de Aysén), que hasta la fecha no han sido respondidas”.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga al Estado de Chile a cumplir procedimientos específicos en su relación con los pueblos originarios. Las transgresiones denunciadas involucran la tramitación de los proyectos de represas de HidroAysén y Energía Austral, y la rearticulación de la actividad salmonera en el marco de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. En estos dos ámbitos se ha hecho caso omiso de lo estipulado por el acuerdo multinacional que señala expresamente en su artículo 6º que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” y que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

La Coordinadora de Pueblos Indígenas de Aysén aglutina a la Comunidad Nahuelquín Delgado de Puerto Aysén, la Asociación Rakuiduamtun de Coyhaique, la Asociación Indígena Menco de Caleta Tortel, la Asociación Indígena Manqui de Cocrhane, la Asociación Indígena Guaiguenes de Puyuhuapi, la Asociación Indígena Mariman de Coyhaique, la Asociación Indígena Willi Newen de Caleta Melinka, la Asociación Indígena Antu Ñi Fotum de Chile Chico, la Asociación Indígena Mari Mari de Lago Verde, la Asociación Indígena Millarai de Puerto Raúl Marín Balmaceda, la Comunidad Indígena Pu Wapi de Melinka y la Asociación Indígena Rayen Lafquen de Puerto Cisnes.

por Patricio Segura

Fuente: El Ciudadano