La tarde de este domingo cerca de medio millar de personas llegaron hasta la Plaza de la Constitución para protestar contra un convenio que junto a otros 2 proyectos de ley en trámite permitiría la privatización de las semillas.
El Convenio UPOV 91 fue aprobado por el Senado chileno el 11 de mayo de este año y hace referencia a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, creada por un Convenio Internacional del mismo nombre y adoptado en París en 1961. Dicho acuerdo fue revisado en 1972, 1978 y 1991. En esta última puesta al día del convenio se adoptó que las semillas inscritas bajos regímenes de propiedad intelectual sean protegidas por las legislaciones de los países que adopten el acuerdo.
Esto implica que cualquier semilla patentada no pueda ser intercambiada, guardada o plantada por quienes no gocen de su ‘propiedad intelectual’. En Chile la empresa Semillas Baer, de propiedad del padre de la vocera de gobierno, Ena Von Baer; el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, dependiente del Ministerio de Agricultura; y, ahora último, la trasnacional Monsanto, que ya experimenta con simientes transgénicos en el país, son quienes han registrado la mayor parte de las semillas existentes en el país.
Rodrigo Ulloa, de Chile sin Transgénicos, advierte que las semillas genéticamente modificadas pueden provocar “daños a la salud y en los cultivos. La misma industria que las produce no garantizan la inocuidad de sus alimentos, diciendo que no es su función asegurar esto, sino que sólo vender un producto”.
La organización Chile sin Transgénicos fue una de las convocantes a la protesta, junto al grupo Facebook Chile organizado y la Revolución de la Cuchara.
Ulloa advierte que si bien el Convenio no permite la apropiación de las semillas autóctonas, “les permite agarrar una semilla nativa, mejorarla en alguno de sus aspectos, sin que necesariamente hagan una modificación genética, y sacar un nuevo producto al mercado del que si son dueños, pero que a la larga afectará las cosechas de la especie original”.
Dichas organizaciones participaron el día anterior de la masiva protesta contra Hidroaysén, y detallan que “si bien son luchas diferentes en lo específico, detrás está una política pública de años de no reguardar el patrimonio ambiental y ecosistémico del país”.
Gonzalo Guiloff, de Chile Organizado, cuenta que “queremos difundir la información respecto de este acuerdo, lo que nos parece grave. Sobre todo cuando la estrategia en la tramitación de los proyectos de ley y del convenio han sido lo más secreto posible”.
Guiloff recalca que aprobar el Convenio UPOV 91 “no es un negocio para Chile, sino que para Monsanto. Con ello logran el monopolio de los alimentos, ya que como ha pasado en otros países sus semillas se comen a las otras y hasta los que no la cultiven a la larga tendrían que pagar derechos a Monsanto”.
Damodar Maharaj, de la Revolución de la Cuchara, quienes acompañaron la protesta con tambores y música, contó que están ahí “porque nos sentimos un ciudadano de este planeta y debemos defender y proteger a la madre tierra y el derecho a la vida”.
Hasta hoy son 69 países que han suscrito el UPOV 91 y en Chile sólo falta la promulgación de la ley.
También hubo llamados a protestar en regiones y fuera del país.
Detrás del UPOV 91 están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
Monsanto es un monstruo de la química transnacional que genera dependencia a la agricultura. Es conocida por producir el herbicida bajo la marca Roundup. También es productor de semillas genéticamente modificadas, causando graves alteraciones y trastornos a las culturas, a la agricultura y a la productividad orgánica en diversos lugares del planeta.
Fuente: El Ciudadano
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